Por: Carlos Alberto Aguilar Meza

Es posible que lo más relevante en nuestro país ⎯luego de ordenar las cuentas fiscales, financieras y económicas del Perú⎯ haya sido idealizar y legislar sobre modalidades y modelos de contratos con estructuras financieras adecuadas a las condiciones de la economía peruana de los 90’s. Era evidente que con la legislación de la época no se estaba avanzando en el impulso de la infraestructura para el desarrollo del servicio público en distintas áreas y para la licitación de proyectos nuevos de infraestructura, que es uno de los principales pilares de la competitividad.

Hasta aquel momento solo teníamos la Ley de Contrataciones (denominada RULCOP), que contenía tantas restricciones y limitaciones administrativas y normativas, con las que solo se podía aspirar a licitar pocos proyectos de pequeña y mediana envergadura. Era prácticamente imposible pensar en carreteras mayores a 50 km, escuelas con capacidad no mayor a 800-1200 alumnos, hospitales con no más de 30-50 camas, tendidos de redes de agua y desagüe de menor tamaño, entre otros. Con aquella legislación aspirábamos a desarrollar y satisfacer nuestras necesidades de infraestructura en los próximos 300-400 años.

Desde entonces, los sucesivos Gobiernos han desarrollado modalidades y ventajas importantes en el ámbito normativo, referidas a nuevas modalidades de contratación, que generan nuevas capacidades y abren nuevas posibilidades que complementen aquello que el Perú aún no logra consolidar en los últimos 50-60 años.

Además de la Ley de Contrataciones, nuestro país ha desarrollado herramientas normativas adicionales como los contratos o convenios de Obras por Impuestos y por supuesto esta diversidad de modalidades de licitaciones y contratos incluye la normatividad referida a las Asociaciones Público Privadas, que permite y facilita la incorporación de administración, gestión e inversión privada en la generación, mantenimiento y operación de servicios públicos en general. Hasta la Constitución de 1979 los servicios públicos eran construidos, mantenidos y operados de manera exclusiva por la capacidad instalada del Estado en su conjunto. Es la Constitución de 1993 la que incorpora la participación privada.

El Marco Legal de las APP en toda la extensión de su vigencia, incluso bajo diversas modificaciones, ha demostrado fehacientemente que ha despertado un interés especial para la participación de la empresa privada tanto en los procesos convocados por las entidades públicas, como por los proyectos generados por la propia empresa privada, en las diversas temáticas licitadas: transporte, saneamiento, energía, minería, irrigación, entre otros.

Despertar el interés privado, de por sí, constituye un indicador relevante a la hora de determinar la importancia de esta modalidad. También queda claro que con la incorporación de la inversión privada se redujeron los ciclos y procesos de ejecución de los proyectos en general; y se ha ampliado, mejorado, rehabilitado y especialmente mantenido la cobertura de los servicios públicos contratados con los privados, incorporando en todos estos procesos, sistemas de calidad claros y medibles.

La modalidad de Asociaciones Público Privadas, es pues, una herramienta eficaz para complementar la capacidad instalada del Estado (no sustituye) a la hora de brindar los servicios públicos que la población demanda y con ello, estimular y promover la inversión privada que se necesita.

A raíz de los últimos acontecimientos políticos y judiciales en nuestro país, hemos podido observar una gran cantidad de cuestionamientos al sistema de APP. Las últimas declaraciones del Señor Alcalde de Lima es un ejemplo de estos cuestionamientos. Considero que el aporte al desarrollo del país de esta modalidad de contratos es ampliamente demostrable, por lo tanto, empezar a rescindir contratos suscritos bajo esta modalidad afectaría mucho al Servicio Público y al desarrollo de la infraestructura.

Cuestionar el modelo no abona en favor de la tan luchada estabilidad jurídica alcanzada en nuestro país. Considero que debemos cuestionar las acciones de personas que se han aprovechado del Modelo para intereses personales y que han permitido que las APP se vean hoy como una canasta de beneficios para la empresa privada. En realidad es todo lo contrario: se benefician los usuarios; basta con recordar cuánto tiempo le tomaba al país construir carreteras, instalar teléfonos en las viviendas o mejorar los servicios de salud.

Podemos formular una larga lista de servicios que no eran atendidos oportunamente por el Estado, ¿deberíamos volver a esa condición? ¿O deberíamos potenciar el modelo a través de mejores mecanismos de transparencia, a través de mejores diseños de contratos tal vez?

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