Por: Carlos Alberto Aguilar Meza

Un concepto central en todos los proyectos es lo que entendemos por Servicio Público, de este concepto dependen las condiciones en que eventualmente se pueda desarrollar la infraestructura. Existen múltiples entendimientos sobre a qué deberíamos llamar servicio público.

istóricamente entendíamos el servicio público como todo aquello que el Estado y los Gobiernos están obligados a brindar a los ciudadanos. En síntesis podemos describir al servicio público como la ejecución de actividades, mediante prestaciones concretas programadas y realizadas por el Estado, destinadas a satisfacer una necesidad general o colectiva de carácter material, económico o cultural para la población.

Tradicionalmente el servicio público que era brindado a la población por el Estado, ha visto rebasada su capacidad para atender la demanda creciente y brindar servicios diversos de calidad, a la población.

Otro tema importante es que, satisfacer la demanda de servicios significa asignar una gran cantidad de recursos humanos y económicos, los cuales al final, siempre estarán sujetos de análisis de desempeño: ¿la inversión realizada es eficiente? Es a partir de estos escenarios que surgen ideas nuevas y se empiezan a generar mecanismos diversos desde la Constitución del año ’93 que permiten el ingreso de empresas pertenecientes al sector privado, a brindar los servicios que se requieren, y, a cambio, el Estado tendría que asumir el pago por servicio brindado (en algunos casos).

El servicio público como ejecución de actividades que el Estado debe brindar a los ciudadanos, originalmente se encontraba en calidad de exclusiva a nivel público; es por ello que hasta antes de la Constitución de 1993, el Estado era el único proveedor de los servicios públicos del país. La Constitución del ‘93 habilita al sector privado para brindar servicios públicos, siempre y cuando esto sea llevado a cabo mediante un contrato.

Un elemento que motivó a la formulación de los contratos por niveles de servicios fue el servicio público. Esto se explica porque en la Constitución Política del Perú de 1993 ya no se habla de un Estado que se dedique exclusivamente a la prestación de servicios públicos, sino se habla de un “Estado promotor” del servicio público. No obstante, el Estado aún se hace responsable directo de brindar algunos servicios públicos de manera exclusiva.

El Artículo 58 de la Constitución Política del Perú de 1993 dice:

Economía Social de Mercado

La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Los contratos por niveles de servicio se crean con el objetivo que sean las empresas privadas las que brinden servicios específicos a la población. Queda claro que los contratos que acuerda el Estado con el privado para brindar servicios básicos a la población, siguen formando parte del servicio público. El Estado solo traslada su responsabilidad a una empresa privada experta a cambio de un pago, de manera temporal, mientras dure el contrato.

En general, el servicio público presupone una organización de elementos y actividades que tienen un fin específico, así como una ordenación de medios materiales y personales, esto es, una empresa en el sentido económico, la cual tiene un origen estatal y brinda servicios a la población sin fines lucrativos, ya que lo que se busca es tener ganancias sociales en temas de bienestar.

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